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Eficiencia

Necesitamos un marco legal autonómico y una batería de políticas públicas orientadas a optimizar la riqueza material ya existente, combatiendo la obsolescencia programada, multiplicando los ciclos de vida de los objetos, facilitando su reparación y utilización, fomentando una economía del compartir que prime el servicio frente al producto.Para asegurar la existencia de productos duraderos, reparables y reutilizables, es necesario establecer normativa que exija determinados cánones a las industrias, así como incentivos al ecodiseño más allá del ahorro energético. Un ejemplo de lucha contra la obsolescencia es la Ley que se desarrolló en Francia en 2014, que incluye sanciones de hasta 300.000€ y dos años de cárcel a las empresas que practiquen la obsolescencia programada. Leyes como esta se podrían poner en marcha a nivel estatal, pero a nivel regional se puede impulsar la I+D e innovación para productos y servicios duraderos y de fácil reparación (del ámbito de las tecnologías, mobiliario, etc), o aquellos que sustituyan a los productos de usar y tirar que más problemas están generando en entornos naturales y en su gestión como residuos, como los envases de plástico, las pajitas, las vajillas de usar y tirar, los bricks, etc.

La economía circular requiere de una reducción en la puesta en el mercado de productos nuevos, para poder reducir la necesidad de extraer más recursos materiales, así como reducir el uso de energía y agua para su fabricación. Por este motivo, es necesario alargar la vida de los productos, fomentar el uso de prácticas como el trueque, el alquiler o la cesión, y sectores económicos como el de la reparación o la compra-venta de segunda mando de productos como ropa y textil, muebles, instrumentos, herramientas, etc.

Para la puesta en marcha de estas medidas, será necesario contar con las entidades de la economía social y solidaria que llevan décadas trabajando en este sentido, englobadas en AERESS (Asociación Española de Recuperadores de la Economía Social y Solidaria), que aunque tienen poca presencia de entidades en Madrid, engloban a algunas de gran relevancia como Traperos de Emaús o Koopera, y podrían ser un socio elemental para lograr la aparición de más entidades en la región, si se ponen los medios y normativas necesarias para ello.

Es necesario realizar un plan específico para el residuo textil en la región. La UE exige la separación selectiva de esta fracción de residuos antes de 2024, pero debido a su cada vez mayor significancia en el porcentaje global de residuos, su valor económico, y su potencial de reutilización, es sensato acelerar su recogida. El Ayuntamiento de Madrid ya ha distribuido numerosos contenedores de textil por la ciudad, y ha concursado la gestión de los mismos, reservando una cuota del concurso a empresas de inserción laboral. La Comunidad de Madrid, a través de normativa puede extender la práctica por toda la región, asegurando que la recuperación de textil para segunda mano, es la opción prioritaria de gestión, y que las empresas de la economía social y solidaria, y en este caso concreto de inserción laboral, tendrán un papel protagonista.

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